Ofencivas de 1889 y negosaciones
A partir de julio de 1988, el secretario general de la Presidencia, Germán Montoya había entrado en conversaciones con los líderes de Los Extraditables. Subsecuentes declaraciones del gobierno fueron interpretadas por los narcotraficantes como una invitación al diálogo, por lo que el 15 de septiembre siguiente, estos respondieron con una carta a la administración Barco, e hicieron llegar a Montoya un proyecto de ley de indulto y un plan de desmovilización. Sin embargo, ante la intransigencia de los EE.UU, renuente a la posibilidad de dialogar con los narcos, se dilataron las conversaciones y al final se las presentó como iniciativa personal del intermediario, desligando al primer mandatario de ellas.
Como una reacción a este diálogo sin resultados, el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, inicio una cadena de crímenes de jueces, de funcionarios del gobierno y de personajes de la vida pública. En marzo del 89 Los Extraditables mataron a Héctor Giraldo Gálvez apoderado del caso Lara en reemplazo de Castro Gil, y dos meses después dinamitaron la sede de la televisora Mundo Visión. Tras el intento de asesinato contra el jefe del DAS, General Miguel Maza Márquez el 30 de mayo en Bogotá, utilizando una poderosa carga explosiva que liquidó a 7, el terrorismo se enseñoreó del país. El 4 de julio en Medellín, en un atentado dirigido al coronel Valdemar Franklin Quintero, murió el Gobernador de Antioquia, Antonio Roldan Betancur junto a 5 de sus acompañantes. Finalizando julio, el 28, la víctima fue la jueza María Helena Díaz, sustituta de Espinoza, y sus 2 escoltas ultimados por sicarios.
El 16 de agosto cayó el magistrado del tribunal superior de Cundinamarca, Carlos Ernesto Valencia, y el 18 en la capital antioqueña el coronel Quintero, acribillado a traición con decenas de impactos de bala. Aunque la noticia del crimen ocurrido en las horas de la mañana fue opacada, cuando en la noche durante un mitin político en Soacha, varias decenas de pistoleros al servicio de Rodríguez Gacha se infiltraron en la manifestación y dieron muerte al precandidato presidencial por el partido liberal, Luis Carlos Galán, enemigo acérrimo de los narcotraficantes y partidario de permitir la extradición de los narcotraficantes a Estados Unidos, era el más opcionado para alcanzar la primera magistratura de la nación. Herido de muerte por Jaime Eduardo Rueda Rocha, fallece horas después a causa de una fuerte hemorragia. En este asesinato también se involucra a Alberto Santofimio Botero como coautor intelectual del hecho.31 32
Como consecuencia del asesinato de Galán, los diálogos se interrumpieron del todo y el presidente declaró la guerra al narcotráfico de la misma manera que lo había hecho Betancur 5 años atrás. Con el decreto 1830 del 19 de agosto, Barco estableció la extradición por vía administrativa, sin contar con el fallo de la corte suprema de justicia; con el Decreto 1863 autorizó a los jueces militares a practicar registros donde se presumía o existían indicios de personas u objetos relacionados con algún delito; con el Decreto 1856 ordenó la confiscación de los bienes muebles e inmuebles de los narcotraficantes; y con el 1859 autorizó la detención en condiciones de absoluta incomunicación y por un tiempo que excedía las normas constitucionales, de personas de las que se tuvieran graves indicios de haber cometido delitos contra la existencia y seguridad del Estado. Además se dispuso la creación del Grupo Élite con 500 hombres, esencialmente dirigido a cazar a los cabecillas terroristas y lo puso al mando del Coronel Hugo Martínez Poveda. En los días posteriores el Ejército y la Policía llevaron a cabo más de 450 allanamientos en todo el territorio nacional y detuvieron a cerca de 13.000 personas acusadas de estar vinculadas al narcotráfico.
El 23 de agosto Los Extraditables respondieron al gobierno en una carta a la opinión pública, asumiendo el reto de la guerra total. Con 3000 sicarios en armas, el asocio del paramilitarismo y el respaldo de una porción importante de la población bajo su dominio, a lo que se sumaba el músculo financiero que le daba el control de al menos un 90% del tráfico de cocaína hacia el exterior, el Cartel de Medellín se enfrentó al Estado colombiano a base de bombazos y asesinatos selectivos. El terrorismo se convirtió en una verdadera pesadilla diaria, se multiplicó y puso en jaque como nunca antes al establecimiento: entre septiembre y diciembre de 1989 mas de 100 artefactos hicieron explosión en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Pereira, contra edificios gubernamentales, instalaciones bancarias, comerciales, de servicios e infraestructura económica. En total sumando los ataques sicariales, los narcoterroristas fueron los responsables de 289 acciones bélicas en ese periodo, con un fatídico saldo de 300 víctimas mortales y más de 1500 lesionados.
El 30 de agosto una primera bomba hace explosión en Medellín, el 2 de septiembre fueron casi destruidas las instalaciones del diario El Espectador que en ese mismo día continuó su edición en horas de la tarde, el 11 es asesinado el líder liberal Pedro Peláez González, el 21 son dinamitadas 9 sedes políticas en Teusaquillo y el 26 es atacado el Hotel Hilton en Cartagena. Pese a no poder detener las continuas explosiones, las autoridades no cejaron en su esfuerzo, multiplicaron los allanamientos y capturaron a 2 grandes capos: a Eduardo Martínez y a Rafael “el Mono” Abello, para luego extraditarlos. Como respuesta, el 16 de octubre un carro-bomba arrasó la sede del periódico Vanguardia liberal de Bucaramanga y mató a 4 personas. Ahora todo el aparato criminal de Escobar y los extraditables se enfiló contra las clases dirigentes y los círculos de poder: son ultimados por sicarios el magistrado Héctor Jiménez Rodríguez, el periodista Jorge Enrique Pulido (de quien ya había recibido amenazas) cuando se disponía a regresar a su programadora, luego de la emisión dominical del Noticiero Mundo Visión, recibiendo varios impactos de bala; los mismos que días después (el 8 de noviembre de 1989) terminarían por dar fin a su existencia y seis meses después, a su programadora. Muere también el representante a la cámara Luis Francisco Madero. A finales de octubre, 7 policías son dados de baja en la capital antioqueña, 5 de ellos en el bombazo a un bus, frente al Club de oficiales de la ciudad.
Solo tras un operativo relámpago lanzado el 23 de noviembre sobre la hacienda El Oro en Cocorna (Antioquia) en la que se hallaba Escobar y Jorge Luis Ochoa, comenzó en serio la persecución sobre el poderoso capo. Pese a que logró escapar, 2 de sus hombres murieron, uno de ellos su cuñado Fabio Henao, y 55 fueron detenidos. Al final la ofensiva, la ira de Escobar se cierne aun más y para que en represalia empezaran a recurrir a las masacres terroristas. Cuatro días después, el 27, hace estallar el vuelo 203 de Avianca33con el fin de matar al entonces candidato César Gaviria, sucesor de Galán (quien no subió al avión por consejo de sus asesores), con un saldo de 107 muertos. Finalmente como culminación de su aleve ofensiva, el 6 de diciembre de 1989, coloca un carro bomba frente al edificio del DAS, la policía secreta colombiana, buscando acabar con su director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien salió ileso a pesar de que la edificación quedó semidestruida. El bus-bomba destruyó parcialmente la edificación y más de 200 establecimientos comerciales a su alrededor y 63 personas murieron y 500 quedaron heridas.
El gobierno Barco no pudo impedir en ningún momento los atroces actos, cada vez mas indiscriminados, pero se anotó un éxito cuando el 15 de diciembre, el segundo cabecilla del cartel de Medellín y su líder militar, José Gonzalo Rodríguez Gacha “El Mexicano” fue ubicado por un informante en la costa norte del país, en donde se hallaba refugiándose de la persecución de las autoridades. Responsable de más de 2000 homicidios y sindicado del ataque al edificio del DAS, fue dado de baja tras una dura persecución entre los municipios de Tolú y Coveñas en Sucre, junto a su hijo Freddy Rodríguez Celades, a su principal lugarteniente Gilberto Rendón Hurtado y a 4 hombres de su cuerpo de seguridad. Atribuyéndosele a él, la mayor parte de las acciones de los últimos meses, Los Extraditables intentaron una nueva estrategia de diálogo y negociación con el Estado, queriéndolo presionar con el secuestro del hijo del secretario de presidencia, Álvaro Diego Montoya y de 2 parientes del presidente de la República. Surge entonces una propuesta del ex presidente López Michelsen, respaldada por los también ex mandatarios Julio Cesar Turbay y Misael Pastrana, por el cardenal Mario Rebollo Bravo y por el presidente de la UP Diego Montaña Cuellar, consistente en la formación de una comisión de Notables para negociar con los narcoterroristas. El 17 de enero de 1990, estos respondieron a dicha propuesta presentándose en un comunicado como aspirantes legítimos al perdón judicial y expresaron una “verdadera voluntad de negociación”. Inmediatamente después liberaron los secuestrados, entregaron un bus con una tonelada de dinamita, y uno de los mayores laboratorios de procesamiento de droga en el Choco. Como contraparte los narcos esperaban del gobierno la creación de la comisión de alto nivel que se encargaría de los procedimientos legales que permitirían su rendición. Sin embargo, esto nunca sucedió y el intento de diálogo y negociación terminó en una nueva oleada de terrorismo. Efectivamente engañados por el gobierno y frente a una fuerte ofensiva militar en Envigado, declarado zona de operaciones militares por la IV Brigada al mando del General Harold Bedoya, Los extraditables pusieron fin a la tregua el día 30 de marzo, poniendo precio a la cabeza de cada policía muerto. Medellín y su área metropolitana se vieron envueltos en una verdadera guerra urbana, tras las primeras ejecuciones de uniformados y después del ataque contra un camión del Grupo Élite, ocurrido en un puente de Itagüí el 11 de abril. Este atentado que dejó 20 muertos y 100 heridos fue el primero de los 18 que se sucedieron hasta finales de julio con un saldo de 100 víctimas fatales y 450 heridos. El 12 de mayo, víspera de la celebración del Día de la Madre hicieron explosión en 2 centros comerciales de Bogotá sendas bombas que mataron a 21 personas. El mismo día en Cali otro acto terrorista cobró la vida de 9 civiles. A fines de mes a la vez que un sicario se hacía volar frente al Hotel Intercontinental de Medellín, acabando con 6 policías y 3 transeúntes, fue acribillado el senador Federico Estrada Vélez y su conductor. La violencia se recrudece y las victimas fueron miles: en represalia por la muerte de 215 uniformados ejecutados entre abril y julio de 1990, escuadrones de la muerte sube todas las noches a las comunas y fusilan a decenas de hombres, varios de ellos menores de edad. Poco después de que el jefe militar de Escobar, John Jairo Arias Tascon “Pinina”, fuera dado de baja el 14 de junio, vino otra serie de acciones bélicas: 19 jóvenes de la alta sociedad antioqueña son masacrados en el Bar Oporto y un carro-bomba estalla frente a la Estación Libertadores de la Policía matando a 14 civiles. Finalmente, a finales de julio luego de un inmenso operativo en el Magdalena Medio antioqueño del que una vez más escapó Escobar, Los Extraditables decretan una nueva tregua y se sitúan a la defensiva, en espera de las decisiones que pueda tomar la administración entrante de Gaviria. En todo caso afirman la imposibilidad de entregarse a la justicia mientras no se reestructuren los organismos de seguridad del Estado y no se crearan los mecanismos legales apropiados para evitar su extradición.31
No hay comentarios:
Publicar un comentario